miércoles, 9 de abril de 2014

¿Cómo hacerse autónomo y qué obligaciones aparecen?

Internet es una jungla llena de datos. No es extraño encontrar larguísimas monografías sobre temas oscurísimos, ya sean tesis doctorales o comentarios eruditos en foros especializados. Sin embargo, nada me sorprendió más en su momento que descubrir que no había ninguna información completa sobre la problemática de "darse de alta como autónomo" y la llevanza de los asuntos fiscales una vez dado de alta. Es por esto que, a modo de sencilla guía, me he decidido a escribir este artículo.

En primer lugar siempre hay que acometer el "alta censal" en Hacienda. Esto se hace a través del modelo 037. La forma en la que rellenar el formulario fiscal está absolutamente clara en el video a continuación:


Personalmente recomiendo hacer uso del DNI Electrónico toda vez que se le facilita ya a todo quien renueva su carnet. Son muchas las ventajas que ofrece a la hora de ahorrarse colas y desplazamientos a edificios oficiales. Así, si firmamos digitalmente el formulario 037 con el DNI Electrónico no necesitaremos llevar los papeles a una sede de Hacienda para "validarlos".
 
Una vez tenemos completamente listo el formulario 037 nos toca pasar a darnos de alta en la Seguridad Social. Este trámite, al menos hasta el día de hoy, es casi imposible hacerlo por Internet de forma correcta. Si queremos pedir las bonificaciones a la cuota de autónomo existentes tendremos que rellenar el PDF que se nos facilita en la web de la Seguridad Social e imprimirlo. Una vez impreso lo llevaremos a la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social más próxima junto con el alta censal de Hacienda (el 037 mencionado antes). De nuevo, la forma en la que rellenar el formulario de la Seguridad Social podemos encontrarlo sin dificultad en YouTube:

 
Con todo esto cubierto, una vez en la Tesorería General de la Seguridad Social le deberéis decir al funcionario de turno (si es que no os dice nada) que deseáis acogeros a las bonificaciones de la cuota de autónomos vigentes. Dichas bonificaciones las podéis ver aquí. La cuestión no es baladí porque si somos autónomos jóvenes podemos acogernos a una bonificación que deja la cuota de autónomos en 53,7 euros al mes durante los 6 primeros meses. A esto se le ha llamado, por cierto, "tarifa plana" y no sé por qué puesto que la "tarifa" de autónomos siempre ha sido "plana" en tanto constante. Cosas de la mercadotecnia política. Como dije, es a día de hoy imposible pedir estas bonificaciones vía Internet por lo que sí o sí habremos de actuar presencialmente ante la Seguridad Social.
 
Conviene señalar que tras darse de alta en Hacienda con el 037 hay un plazo de 30 días para darse de alta en la Seguridad Social. Con esto quiero decir que no conviene darse de alta en la Seguridad Social en un mes que no vamos a facturar, puesto que aunque estemos de alta un solo día de un mes, se nos cobrará la cuota de autónomo completa.
 
El carácter "competitivo" de las cuotas de autónomos bonificadas, a mi juicio, descarta cualquier consideración en cuanto a contratar otro tipo de regímenes opcionales que en otras circunstancias podrían ser más ventajosos. Sin embargo, a modo de ejemplo en cómo esas mutualidades difieren del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta Ajena de la Seguridad Social baste consultar este enlace.
 
Una vez tenemos presentados todos los formularios mencionados ya seremos trabajadores autónomos y, por tanto, podremos facturar. Durante los primeros dos años de actividad como profesionales (dando por hecho que somos "trabajadores profesionales" como abogados, diseñadores gráficos, etc.) tenemos derecho a una retención del IRPF menor a la del tipo general. Dicha retención es del 9% (siendo el tipo general un 21%). ¿Cuál es la forma de facturar? Muy sencillo verlo con un ejemplo:
 
+ Servicios de consultoría                              100 €
+ IVA Repercutido (21% de 100 €)                 21 €
-  IRPF (9% de 100 €)                                        9
_________________________________________
TOTAL                                                           112 €
 
Las facturas siempre se calcularán siguiendo esta sencilla lógica suponiendo que nos sea de aplicación el tipo general del IVA. En cuanto a las obligaciones formales, los datos que deben figurar en las facturas que emitamos, de nuevo baste consultar este enlace. Ni que decir tiene que debemos ir guardando todas estas facturas adecuadamente ordenadas y numeradas, valiendo a tal efecto cualquier tipo de sistema de archivo: recomiendo elaborar una plantilla de facturas en Excel y luego exportar a PDF cada una de las facturas (evidentemente no conviene enviar archivos "modificables" a quienes nos han de pagar la factura).
 
Una vez dicho todo lo anterior resta preguntarse por las obligaciones fiscales. Cada trimestre deberemos presentar dos formularios: el 303 del IVA y el 130 de pago fraccionado del IRPF. Al igual que en el caso del alta censal estos dos modelos pueden rellenarse y firmarse con el DNI Electrónico fácilmente.
 
En el caso del IVA es muy sencillo rellenar el modelo, que encontramos en la web de Hacienda. De nuevo la forma de rellenarlo la describe adecuadamente el siguiente video:


 
Más dudas ofrece el modelo 130 de pago fraccionado del IRPF. Sin embargo también hay un video explicativo que se puede consultar, tras el que haré unos comentarios adicionales:


No se comenta en el video la forma en que calcular los gastos fiscalmente deducibles. Entre estos, dado que estamos con toda seguridad en el sistema de imposición directa simplificado, están los "Gastos de Difícil Justificación". Dichos gastos serán el 5% de la diferencia entre ingresos y gastos reales. Los ingresos serán lo que figuraba en factura pero sin sumarle el IVA ni restarle las retenciones IRPF (en nuestro ejemplo anterior los 100 euros por "Servicios de Consultoría"). Los gastos serán todos aquellos que sean deducibles. De esa diferencia Ingresos - Gastos sacamos un 5% que también le restaremos a los Ingresos. Así, en la casilla 2 del modelo 130 figurarán los [Gastos + (Ingresos - Gastos) x 0,05].
 
Evidentemente el total de las retenciones que hemos ido sufriendo en cada factura (el mencionado 9% del ejemplo) se restan en la casilla 6 del modelo 130. Tendremos que tener en cuenta, además, que si en el primer año de actividad más del 70% de los ingresos proceden de actividades sometidas a retención NO tendremos obligación de presentar el modelo 130 y deberemos darnos de baja del mismo (cubriendo un modelo 037 como el que hemos usado para el alta censal, dándonos de baja en esa obligación de pago fraccionado del IRPF).
 
El modelo 130 se resumiría casilla a casilla con el siguiente ejemplo de un 1er trimestre:

Casilla 1. Ingresos                                                                                            5.000 €
Casilla 2. Gastos                                     159,21 + [(5000-159,21) x 0,05] = 401,25 €
Casilla 3. Rendimiento Neto                                            5.000 - 401,25 = 4.598,75 €

Casilla 4. 20% Casilla 3 (si es negativa se pone 0)              4.598,75 x 0,2 = 919,75 €
Casilla 5. Suma de Casillas 7 de los trimestres anteriores
Casilla 6. Suma de retenciones del trimestre (9% IRPF)             5.000 x 0,09 = 450 €

Casilla 7. Casilla 4 - Casilla 5 -  Casilla 7                              919,75 - 450 = 469,75 €
 
Estos serían los cálculos básicos. Vemos que se trata de un sistema acumulativo (véase la casilla 5). Habría disponibles, en otras casillas, otras deducciones en caso de que la facturación anual fuese inferior a 12.000 u 8.000 euros (esto se infiere multiplicando los ingresos del trimestre por cuatro, para ver el anual teórico). En el ejemplo propuesto, en consecuencia, no serían de aplicación.
 
Si nosotros nos damos de baja en un trimestre, sólo tendremos la obligación de presentar los modelos 303 y 130 de ese último trimestre, no siendo preciso presentar los de los siguientes. Sólo permanecerá nuestra obligación de presentar la declaración del IRPF de ese año (la que se realiza al año siguiente) y el modelo 390 de resumen del IVA en el año en curso (en Enero del año siguiente).
 
Esto es básicamente todo lo necesario para operar correctamente como autónomo. Es, como digo, algo relativamente sencillo pero toda esta información no se suele encontrar en un mismo lugar. Espero que este artículo sea de utilidad para quienes como yo en su momento se enfrentaron a este problema.

lunes, 24 de marzo de 2014

Impuesto de sucesiones exento y falta de rigor

Alexis de Tocqueville, uno de los primeros y más agudos sociólogos de la Historia, en su memorable primer volumen de "Democracia en América" señalaba el Impuesto de Sucesiones como uno de los puntos clave de un sistema legal justo. Para él, los Estados Unidos habían desarrollado la democracia a todos los niveles gracias a la igualdad en el patrimonio de los primeros estadounidenses. En las mismas coordenadas situaba la diferencia entre el Norte yanqui y el Sur dixie: en los estados norteños era más difícil mantener intacto un patrimonio familiar mientras en los del sur se favorecía legalmente lo opuesto. El pequeño propietario contra el latifundio. La igualdad contra la acumulación.
 
Si hay un impuesto destinado teóricamente a impedir la acumulación familiar de propiedades ése es el de Sucesiones y Donaciones. Actualmente en España, no obstante, prácticamente no existe. A través de diferentes fórmulas (mínimos exentos y bonificaciones de cuotas) este impuesto se encuentra derogado en la práctica para el supuesto más relevante: la herencia de padre a hijo. Actualmente, según el INE, la recaudación del impuesto en las diferentes Comunidades Autónomas es la que sigue:
 

Baste decir que por IRPF en España se recaudó en 2011 33.500 millones de euros, por el IVA 49.000 millones y por Impuesto de Sociedades 22.300 millones.

En Galicia, por ejemplo, existe una reducción subjetiva de 18.000 euros y una bonificación del 100% para cualquier base imponible inferior o igual al 125.000 euros. Además existe una reducción en cuanto al valor de vivienda habitual heredada de hasta 600.000 euros. Esto quiere decir que casi cualquier sucesión en la que tomen parte varios herederos o que consista en una casa familiar estará exenta del impuesto. Sin existir deudas del causante o que los herederos sean completamente insolventes, el impuesto de sucesiones no supone ningún límite a la hora de heredar. Al menos en Galicia.
 
A modo de anécdota he de comentar que en una ocasión asistí a la oficina liquidadora del impuesto de sucesiones (un Registro de la Propiedad) para consultar cómo cumplimentar la autoliquidación del mismo. La dificultad estaba en que se trataba de una sucesión respecto de un cónyuge viudo. La "abuela" había muerto en 2009, con la consiguiente liquidación del impuesto, y el "abuelo" muere en 2012. ¿Qué porcentaje de adquisición tendrían quienes ya habían liquidado por el 50% de la abuela? ¿Qué porcentaje de adquisición representaría para cada heredero la disolución del usufructo viudal? Estas fueron las preguntas que le plantee al "experto en sucesiones" que me presentaron en ventanilla. Dicho "experto", tras intentar hacerme entender por largo rato y con varias repeticiones, me dijo que lo que se hacía en estos casos era un 50% "y listo". Esto, que es lo más práctico sin duda, no es riguroso. No lo es por cuanto los herederos que liquidaron el impuesto de la abuela junto con el cónyuge superviviente no recibían a la muerte de esta una cuota "limpia". Esto es así porque dichos herederos eran nudo propietarios: y la nuda propiedad/usufructo tiene una valoración económica (en virtud del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). Es decir: a la muerte del abuelo se recibía el porcentaje restante de la propiedad y el de la disolución del usufructo. Esto es lo riguroso. Sin embargo, si el impuesto no tiene una relevancia fiscal, si la cuota sale a pagar 0 euros, el rigor no es preciso.

El rigor es algo particularmente difícil de alcanzar, como se ha visto, por cuanto a diferencia del resto de impuestos en el de Sucesiones y Donaciones rigen principalmente reglas del Derecho Civil a la hora de determinar los hechos relevantes que dan origen a la obligación tributaria y su alcance. Así lo podemos comprobar una y otra vez en la Consultas de la Dirección General de Tributos respecto a este impuesto: advirtiéndose allí siempre que las consideraciones de Derecho Civil son claves en estos asuntos y que la DGT nada puede aclarar al respecto con autoridad.
 
En mi opinión las herencias habrían de pagar impuestos siempre y que el enfoque patrimonial de dicho impuesto ha de llevar siempre a la dispersión y no la acumulación. Se favorece así que la riqueza goce de una dimensión mayor en cuanto al mérito y menor en cuanto a la mera acumulación. Porque hemos de recordar que en España es especialmente cierto que el nivel social de los padres es un fortísimo predictor del que tendrán sus descendientes: para bien y para mal. Y es esto, en mi opinión, lo que en buena medida aspira a corregir el impuesto de sucesiones.

lunes, 10 de marzo de 2014

Derecho para ingenieros

Recientemente asistí a una clase de Teoría General del Derecho en el seno de un máster universitario. En dicho Máster existe una mayoría aplastante de ingenieros que, evidentemente, poco o nada conocen de Derecho más allá del uso instrumental de las normas técnicas de su oficio. Tal vez por un afán de resumir frente a absolutos legos, la profesora que impartía la clase incurrió en un tremendo error: afirmó que el dolo es penal.
 
El dolo, según la Real Academia de la Lengua en su primera y más genérica acepción, es "un engaño, fraude, simulación". Atendiendo sólo a esto vemos lo amplio que resulta el dolo. Por si esto fuese poco, en las siguientes acepciones, ya relacionadas por la RAE con el ámbito jurídico, aparece el dolo como voluntad de cometer un delito y el dolo como voluntad de incumplir una obligación. Más claro imposible: existe un dolo relacionado con el Derecho Penal y otro con las obligaciones; esto es: el Derecho Privado.
 
Decir que todo dolo es penal es tanto como decir que en el Derecho Privado la buena fe se presume o que es un concepto de partida. Y nada más lejos de la verdad. En un rápido vistazo al Código Civil se puede comprobar cómo la buena o mala fe aparece una y otra vez, determinando la aplicación de unos u otros artículos. Es más: sin la figura del dolo el Derecho Privado sería absurdo.
 
Curiosamente uno de los alumnos preguntó qué calificación en el ámbito de la responsabilidad merecería un transportista que pone en un camión más peso del que éste puede soportar. La respuesta de la profesora fue chocante: "eso sería un delito de estafa clarísimo". Sin duda intentando guardar la coherencia de su explicación, la profesora señala como delictivo un tipo de dolo que en todo caso se ventilaría en el ámbito privado y que, de hecho, es un caso clarísimo del dolo civil. Se trataría de una suerte de dolo eventual en que una persona acepta la posibilidad de que suceda algo dañino para otros. Difícilmente podría enfocarse de forma penal y mucho menos a través del complejo tipo penal de la estafa.
 
Por otra parte, restringiendo al ámbito penal toda clase de dolo tendríamos que todos los incumplimientos en el seno del Derecho Privado sólo podrían ser fortuitos: una suerte de castigo de la fortuna. Un escenario en el que la fijación de responsabilidades sería una suerte de sorteo patrocinado por la ley.
 
En definitiva, deberían mantener más cuidado en la enseñanza del Derecho los profesores que dedican su tiempo a impartir clases a personas a priori desinteresadas por él. Que quienes te escuchan no tengan la capacidad de analizar tu lección severamente, no debería ser patente de corso para descuidarse y convertir el Derecho en una sucesión de caóticas anécdotas.

miércoles, 5 de marzo de 2014

Usucapión: un largo camino a la propiedad

El artículo 609 del Código Civil establece que la propiedad se adquiere básicamente por ocupación, herencia, donación, contratos y prescripción. Todos nos ubicamos fácilmente si tenemos en mente una sucesión/donación o un contrato de compraventa, sin embargo no tanta gente sabe cuál es esa figura de la prescripción.

La prescripción adquisitiva o usucapión, es la apropiación por el uso. Se trata de una figura que protege la apariencia jurídica, la creencia en un derecho que con el paso del tiempo aparece como indiscutido. En este sentido se trata de una suerte de cláusula de cierre del sistema normativo civil ante situaciones de hecho. Situaciones de hecho que son tan variadas y confusas como se pueda imaginar. Evidentemente la usucapión se refiere a todo aquello que sea susceptible de entrar en la posesión de una persona: bienes muebles e inmuebles. No obstante, son los inmuebles (tanto por su valor como por lo difícil de su ocultación) los bienes más polémicos e interesantes en el tema de la usucación. Siendo así, el Código Civil establece dos tipos de usucapión o prescripción adquisitiva de inmuebles:

La prescripción adquisitiva ordinaria (artículo 1957 CC): "El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título."

La prescripción adquisitiva extraordinaria (artículo 1959 CC): "Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 539."

La clave, en cualquier caso, para que exista la prescripción adquisitiva la encontramos en el artículo 1941 CC: "La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida." Con esto evidentemente se excluyen la posesión del arrendatario y el precarista (al poseedor por mera tolerancia del propietario), así como la posesión obtenida de forma violenta o frente a la que se oponga el propietario. De hecho, la prescripción adquisitiva puede ser interrumpida por el propietario mediante "citación judicial" del poseedor (artículo 1945 CC).
 
¿Podría pretenderse la usucapión sobre un bien inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de otra persona? Se trata de la conocida "usucapión contra tabulas" que está regulada en el artículo 36 de la Ley Hipotecaria (el artículo 1949 CC fue considerado derogado este mismo Febrero por el Tribunal Supremo). Así, frente al llamado "tercero hipotecario" (quien adquiere de buena fe, a título oneroso del titular registral): "sólo prevalecerá la prescripción adquisitiva consumada o la que pueda consumarse dentro del año siguiente a su adquisición". Es decir, que la prescripción adquisitiva tal y como está regulada en el Código Civil no es de aplicación cuando se hace frente a un "tercero hipotecario", que está especialmente protegido. Esta protección no existe si "el adquirente conoció o tuvo medios racionales y motivos suficientes para conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la finca o derecho estaba poseída de hecho y a título de dueño por persona distinta de su transmitente." o bien, si no pudo conocer dicha situación, no interrumpe la usucapión en el plazo de un año. Se aprecia en este punto la complejidad de estos asuntos en toda su extensión.

Cabe destacar que en las comunidades de bienes la posesión del comunero aprovecha a todos los demás. Por tanto, la usucapión respecto a los bienes en común aparentemente sería imposible. Sin embargo, la jurisprudencia refleja una amplia aceptación de la posibilidad de usucapir siendo comunero siempre y cuando sea en virtud a una posesión en concepto de dueño: verdadera clave, pues, de la prescripción adquisitiva.
 
En resumen: al margen de la regulación hipotecaria descrita, si alguien actúa respecto a un inmueble como su dueño, sin mediar violencia, y el legítimo dueño no actúa de ninguna manera, en el plazo de 30 años dicho bien será del poseedor. Si el poseedor de buena fe se cree dueño del inmueble tras una transmisión (siempre que no sea nula de pleno derecho), no obstante, el plazo sería de 10 años.
 

miércoles, 26 de febrero de 2014

AIG vs Alitalia: ¿Transporte terrestre?

Traigo hoy aquí un caso curioso en que se puede ver la mecánica en que se aplica la normativa de transporte internacional de mercancías en España.
 
En 2003 AIG Europa presenta demanda de juicio ordinario contra Alitalia. AIG había asegurado el transporte de 2.700 chaquetas de cuero que la empresa india Pal Entreprises había vendido a la conocida empresa española Inditex. Siendo asegurada Inditex, se produjo la pérdida de buena parte de las mercancías durante su transporte, pasando AIG a indemnizarle.
 
La india Pal Entreprises contrató a Indair Carriers para transportar las mercancías y ésta a su vez contrató a Alitalia. En total se trataba de 180 bultos que Inditex pidió se enviasen en una sola remesa y por vía aérea. Alitalia estableció en la ruta una escala en Milán. Una vez allí, Alitalia decide enviar por carretera 157 de los 180 bultos, enviando el resto en avión. Para ello contrata a Rinaldo Rinaldi. El porteador italiano emprende el viaje por carretera y en una zona de descanso en Barcelona, estando dormido, le es sustraída la carga. AIG pasa por ello a indemnizar a Inditex por los 157 bultos perdidos, por la cantidad de 203.061 euros. En virtud del artículo 43 de la Ley del Seguro, y los artículo 1101 y 1902 del Código Civil, por tanto, AIG procede a demandar a Alitalia por la cantidad satisfecha a Inditex más intereses el 18 de Noviembre de 2003.
 
Alitalia se opone a las pretensiones de AIG y alega, fundamentalmente, que es de aplicación la limitación de responsabilidad establecida por el artículo 22 del Convenio de Varsovia de transporte aéreo. Por tanto, Alitalia pretende que el transporte realizado por carretera desde Milán a España formaba parte del contrato de transporte aéreo. El Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid que lleva el caso finalmente asume esta tesis y emite sentencia el 24 de Mayo de 2004 (6 meses desde la demanda). Condena a Alitalia a pagar solamente 53.424 euros a AIG.
 
AIG apela la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, que el 30 de Enero de 2006 (20 meses desde la sentencia) emite sentencia dando la razón a AIG en su pretensión inicial, condenando a Alitalia al pago de 203.061 euros más intereses así como las costas de primera instancia.
 
 Alitalia presenta recurso de casación el 17 de Abril de 2006 ante el Tribunal Supremo por la infracción de diversos artículos del Convenio de Varsovia. El Supremo admite el recurso el 16 de Septiembre de 2008 (18 meses desde recurso de casación).
 
Durante todo el proceso Alitalia sostiene que el transporte por carretera debe considerarse parte del contrato de transporte aéreo en virtud del artículo 18 del Convenio de Varsovia, que dice:
 
"el periodo de transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo o fluvial efectuado fuera de un aeródromo. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectuare en ejecución del contrato de transporte aéreo para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un hecho acaecido durante el transporte aéreo".
 
En sentencia de 29 de Junio de 2010 el Tribunal Supremo estableció dos requisitos para que se pudiese considerar parte del transporte aéreo el envío por carretera:
 
  1. Que se hubiera realizado "en ejecución del contrato de transporte aéreo"; y
  2. que tuviera como fin la "carga, entrega o transbordo".
 
Consideró el Supremo que el transporte terrestre se hizo en sustitución del aéreo. Añadió, además, que incluso en caso de que se considerase mera ejecución del aéreo, como pretendía Alitalia, resulta evidente que la pérdida de la mercancía se produjo por su sustracción en Barcelona; quedando destruida así la presunción del artículo 18 del Convenio de Varsovia alegado. De este modo, el Supremo excluye cualquier limitación a la responsabilidad de Alitalia.
 
A modo de curiosidad, véase que la diferencia entre aplicar la limitación de responsabilidad del transporte por carretera o la del transporte aéreo resulta patente. En el transporte terrestre la pérdida de 1 Kg de peso bruto supone 8,33 Derechos Especiales de Giro (9,36 euros) mientras que en el aéreo son 17 Derechos Especiales de Giro (19,10 euros). En el marítimo, por su parte, hablaríamos de la cantidad mayor entre 666,67 Derechos Especiales de Giro (748,86 euros) por bulto o 2 Derechos Especiales de Giro (2,25 euros) por Kg.
 
Cabe añadir que a la sencillez de la regulación del transporte no le acompaña en España precisamente la celeridad de la justicia. Llama la atención lo dilatado del proceso comentado. Y es que desde la primera demanda de juicio ordinario hasta la sentencia casacional del Supremo transcurrieron aproximadamente siete años.
 
 

martes, 18 de febrero de 2014

Fraude de acreedores

Vivimos una época en que las deudas agobian a una población sin apenas posibilidad de obtener rentas debido al desempleo. No es extraño que en estas circunstancias aumente la morosidad. Y es aún menos extraño que en tales situaciones abunden los listillos. Así, algunos entre la ignorancia o la simple cara dura piensan que es sencillo huir de la acción de los acreedores mediante trucos. En esta ocasión analizaré un clásico: la donación a un hijo menor de edad.
 
Hay muchas personas que piensan, o les hacen pensar, que si las deudas no son vencidas y exigibles no existe fraude de acreedores. ¿La realidad? Pues que el mero hecho de pensar en ponerse a salvo de ellos mediante cambios de titularidad patrimonial constituye elemento suficiente para que exista dicho fraude. Así lo deja claro el artículo 643 CC en su inciso segundo:
 
Se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acreedores, cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella.
 
La jurisprudencia es, asimismo, bien clara al respecto:
 
"(...) de conformidad con la doctrina jurisprudencial de esta Sala (...), si bien uno de los requisitos de la acción rescisoria es la existencia de un crédito contra el dueño del bien enajenado anterior al acto rescindible, sin embargo ello ha de entenderse en términos generales, toda vez que no es necesario que sea exigible, ni que esté reconocido por el deudor, e incluso no se excluye la posibilidad de un crédito futuro en el caso de próxima y segura (o muy probable, según Sentencias de 28 de diciembre de 2.001 y 17 de julio de 2.006) existencia posterior."
 
Supongamos que una persona que tiene pendiente saldar una hipoteca hereda una serie de bienes.
 
Supongamos que dicha persona va trampeando para ir pagando dicha hipoteca con ayuda de familiares. Esta persona decide, guiada por un mal consejero y queriendo evitar un futuro embargo, renunciar a la herencia en favor de un hijo menor de edad.
 
Si la persona mencionada cediese el contenido de su herencia y lo inscribiese en favor de su hijo, la entidad bancaria acreedora tendría capacidad de anular la donación durante un plazo de 4 años (artículo 1299.1 CC) desde el negocio fraudulento, si se pudo conocer, o desde la inscripción en el Registro, si estuvo oculto. Cuanto más inminente se vea un embargo, pues, tanto más inútil será la donación.
 
La ansiedad por poner a salvo unos bienes ante un futuro impago o embargo lleva al autoengaño. Pues si fuese posible poner a salvo bienes mediante donaciones a familiares todos los embargos serían ineficaces. Y entonces nadie pagaría sus deudas con lo que el más elemental tráfico económico y jurídico quedaría paralizado, sólo accesible a personas con capacidad de tomar represalias no necesariamente legales.
 
Por otra parte, como es natural, al fraude de acreedores civil aquí reflejado se le asocian las insolvencias punibles del Código Penal (artículos 257 CP y siguientes). Situaciones, no obstante, con requisitos y circunstancias diferentes al fraude civil pero que pueden llevar aparejadas, por ejemplo, penas de cárcel de 1 a 4 años.

lunes, 10 de febrero de 2014

Contrato de emprendedores vs. Carta Social Europea

Las sucesivas crisis de la economía española desde los años 80 vienen forzando una serie de reformas laborales. El legislador, guiado por una dudosa asociación entre la flexibilidad para despedir y la oportunidad de negocio, ha ido erosionando la posición de los trabajadores frente al empleador. No obstante, en ocasiones una reforma laboral, por fuerte que sea, se encuentra con un obstáculo: los tribunales.
 
Hace poco apareció en el circuito de la jurisprudencia una notable sentencia de un juzgado de lo social de Barcelona. Dicha sentencia viene a poner en duda la legalidad del famoso "contrato Rajoy". O, como es conocido formalmente: "contrato indefinido para emprendedores".
 
El contrato indefinido para emprendedores forma parte de lo que llamaremos "legislación laboral motorizada". Motorizada en el sentido en que, seguramente para salvar su constitucionalidad, viene a declararse a sí misma provisional al ligar su vigencia a la existencia de un desempleo superior al 15%. Sea lo que fuere, este tipo de contrato aparece ligado a una serie de deducciones fiscales para la pequeña y mediana empresa (menos de 50 trabajadores); que en la práctica constituye la casi totalidad de las empresas españolas. Con esto se refuerza lo ya comentado: la idea de que lo barato o caro del factor trabajo es el motor de una inversión empresarial.
 
El caso es que una de esas pequeñas y medianas empresas españolas contrató en Marzo de 2012 a un señor bajo uno de estos contratos para emprendedores. Se trataba de un empleo de peón, de 40 horas semanales, que consistía en la labor de llevar neumáticos de un sitio para otro. El trabajador estuvo un año desempeñando esta labor y justo unas semanas antes de cumplir un año en el empleo recibió una carta de su empresa. En ella se le comunicaba que no había superado el período de prueba de 1 año que fija el artículo 4.3 de la Ley 3/2012. Siendo así, no estaríamos ante un despido y no procedería ningún tipo de indemnización.
 
Pese a que se está tramitando un recurso de inconstitucionalidad contra, entre otros, el mencionado artículo 4.3 de la Ley 3/2012, lo curioso de la sentencia aquí comentada es que pone en duda su legalidad por ser contrario a la Carta Social Europea de 1961: tratado internacional suscrito por España. La jueza trae a colación la Decisión del Comité Económico y Social Europeo de 23 de Mayo de 2012. En dicha Decisión se estableció que "la única justificación aceptable para un despido inmediato es una falta grave" y que por tanto la ausencia de preaviso y de indemnización como la que establece el "contrato indefinido para emprendedores" contraviene el artículo 4.4 de la Carta Social Europea. La jueza barcelonesa añade que las decisiones del Comité son vinculantes para los juzgadores españoles.
 
En conclusión: según la sentencia comentada, el contrato indefinido para emprendedores sería un contrato temporal sin causa; algo prohibido por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
 
Vivimos tiempos en que los puestos de trabajo son tan escasos que cualquier labor pretende revestirse de una complejidad inaceptable. A la fiebre de "la necesidad de formación" para cualquier tarea se une la abierta hipocresía de juzgar que una persona necesita 1 año para probar que puede acarrear neumáticos de un sitio a otro; y así tantos y tantos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, las crisis económicas parecen siempre justificar el retroceso de la protección de las personas vulnerables cuando debería ser al revés.