miércoles, 26 de febrero de 2014

AIG vs Alitalia: ¿Transporte terrestre?

Traigo hoy aquí un caso curioso en que se puede ver la mecánica en que se aplica la normativa de transporte internacional de mercancías en España.
 
En 2003 AIG Europa presenta demanda de juicio ordinario contra Alitalia. AIG había asegurado el transporte de 2.700 chaquetas de cuero que la empresa india Pal Entreprises había vendido a la conocida empresa española Inditex. Siendo asegurada Inditex, se produjo la pérdida de buena parte de las mercancías durante su transporte, pasando AIG a indemnizarle.
 
La india Pal Entreprises contrató a Indair Carriers para transportar las mercancías y ésta a su vez contrató a Alitalia. En total se trataba de 180 bultos que Inditex pidió se enviasen en una sola remesa y por vía aérea. Alitalia estableció en la ruta una escala en Milán. Una vez allí, Alitalia decide enviar por carretera 157 de los 180 bultos, enviando el resto en avión. Para ello contrata a Rinaldo Rinaldi. El porteador italiano emprende el viaje por carretera y en una zona de descanso en Barcelona, estando dormido, le es sustraída la carga. AIG pasa por ello a indemnizar a Inditex por los 157 bultos perdidos, por la cantidad de 203.061 euros. En virtud del artículo 43 de la Ley del Seguro, y los artículo 1101 y 1902 del Código Civil, por tanto, AIG procede a demandar a Alitalia por la cantidad satisfecha a Inditex más intereses el 18 de Noviembre de 2003.
 
Alitalia se opone a las pretensiones de AIG y alega, fundamentalmente, que es de aplicación la limitación de responsabilidad establecida por el artículo 22 del Convenio de Varsovia de transporte aéreo. Por tanto, Alitalia pretende que el transporte realizado por carretera desde Milán a España formaba parte del contrato de transporte aéreo. El Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid que lleva el caso finalmente asume esta tesis y emite sentencia el 24 de Mayo de 2004 (6 meses desde la demanda). Condena a Alitalia a pagar solamente 53.424 euros a AIG.
 
AIG apela la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, que el 30 de Enero de 2006 (20 meses desde la sentencia) emite sentencia dando la razón a AIG en su pretensión inicial, condenando a Alitalia al pago de 203.061 euros más intereses así como las costas de primera instancia.
 
 Alitalia presenta recurso de casación el 17 de Abril de 2006 ante el Tribunal Supremo por la infracción de diversos artículos del Convenio de Varsovia. El Supremo admite el recurso el 16 de Septiembre de 2008 (18 meses desde recurso de casación).
 
Durante todo el proceso Alitalia sostiene que el transporte por carretera debe considerarse parte del contrato de transporte aéreo en virtud del artículo 18 del Convenio de Varsovia, que dice:
 
"el periodo de transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo o fluvial efectuado fuera de un aeródromo. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectuare en ejecución del contrato de transporte aéreo para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un hecho acaecido durante el transporte aéreo".
 
En sentencia de 29 de Junio de 2010 el Tribunal Supremo estableció dos requisitos para que se pudiese considerar parte del transporte aéreo el envío por carretera:
 
  1. Que se hubiera realizado "en ejecución del contrato de transporte aéreo"; y
  2. que tuviera como fin la "carga, entrega o transbordo".
 
Consideró el Supremo que el transporte terrestre se hizo en sustitución del aéreo. Añadió, además, que incluso en caso de que se considerase mera ejecución del aéreo, como pretendía Alitalia, resulta evidente que la pérdida de la mercancía se produjo por su sustracción en Barcelona; quedando destruida así la presunción del artículo 18 del Convenio de Varsovia alegado. De este modo, el Supremo excluye cualquier limitación a la responsabilidad de Alitalia.
 
A modo de curiosidad, véase que la diferencia entre aplicar la limitación de responsabilidad del transporte por carretera o la del transporte aéreo resulta patente. En el transporte terrestre la pérdida de 1 Kg de peso bruto supone 8,33 Derechos Especiales de Giro (9,36 euros) mientras que en el aéreo son 17 Derechos Especiales de Giro (19,10 euros). En el marítimo, por su parte, hablaríamos de la cantidad mayor entre 666,67 Derechos Especiales de Giro (748,86 euros) por bulto o 2 Derechos Especiales de Giro (2,25 euros) por Kg.
 
Cabe añadir que a la sencillez de la regulación del transporte no le acompaña en España precisamente la celeridad de la justicia. Llama la atención lo dilatado del proceso comentado. Y es que desde la primera demanda de juicio ordinario hasta la sentencia casacional del Supremo transcurrieron aproximadamente siete años.
 
 

martes, 18 de febrero de 2014

Fraude de acreedores

Vivimos una época en que las deudas agobian a una población sin apenas posibilidad de obtener rentas debido al desempleo. No es extraño que en estas circunstancias aumente la morosidad. Y es aún menos extraño que en tales situaciones abunden los listillos. Así, algunos entre la ignorancia o la simple cara dura piensan que es sencillo huir de la acción de los acreedores mediante trucos. En esta ocasión analizaré un clásico: la donación a un hijo menor de edad.
 
Hay muchas personas que piensan, o les hacen pensar, que si las deudas no son vencidas y exigibles no existe fraude de acreedores. ¿La realidad? Pues que el mero hecho de pensar en ponerse a salvo de ellos mediante cambios de titularidad patrimonial constituye elemento suficiente para que exista dicho fraude. Así lo deja claro el artículo 643 CC en su inciso segundo:
 
Se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acreedores, cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella.
 
La jurisprudencia es, asimismo, bien clara al respecto:
 
"(...) de conformidad con la doctrina jurisprudencial de esta Sala (...), si bien uno de los requisitos de la acción rescisoria es la existencia de un crédito contra el dueño del bien enajenado anterior al acto rescindible, sin embargo ello ha de entenderse en términos generales, toda vez que no es necesario que sea exigible, ni que esté reconocido por el deudor, e incluso no se excluye la posibilidad de un crédito futuro en el caso de próxima y segura (o muy probable, según Sentencias de 28 de diciembre de 2.001 y 17 de julio de 2.006) existencia posterior."
 
Supongamos que una persona que tiene pendiente saldar una hipoteca hereda una serie de bienes.
 
Supongamos que dicha persona va trampeando para ir pagando dicha hipoteca con ayuda de familiares. Esta persona decide, guiada por un mal consejero y queriendo evitar un futuro embargo, renunciar a la herencia en favor de un hijo menor de edad.
 
Si la persona mencionada cediese el contenido de su herencia y lo inscribiese en favor de su hijo, la entidad bancaria acreedora tendría capacidad de anular la donación durante un plazo de 4 años (artículo 1299.1 CC) desde el negocio fraudulento, si se pudo conocer, o desde la inscripción en el Registro, si estuvo oculto. Cuanto más inminente se vea un embargo, pues, tanto más inútil será la donación.
 
La ansiedad por poner a salvo unos bienes ante un futuro impago o embargo lleva al autoengaño. Pues si fuese posible poner a salvo bienes mediante donaciones a familiares todos los embargos serían ineficaces. Y entonces nadie pagaría sus deudas con lo que el más elemental tráfico económico y jurídico quedaría paralizado, sólo accesible a personas con capacidad de tomar represalias no necesariamente legales.
 
Por otra parte, como es natural, al fraude de acreedores civil aquí reflejado se le asocian las insolvencias punibles del Código Penal (artículos 257 CP y siguientes). Situaciones, no obstante, con requisitos y circunstancias diferentes al fraude civil pero que pueden llevar aparejadas, por ejemplo, penas de cárcel de 1 a 4 años.

lunes, 10 de febrero de 2014

Contrato de emprendedores vs. Carta Social Europea

Las sucesivas crisis de la economía española desde los años 80 vienen forzando una serie de reformas laborales. El legislador, guiado por una dudosa asociación entre la flexibilidad para despedir y la oportunidad de negocio, ha ido erosionando la posición de los trabajadores frente al empleador. No obstante, en ocasiones una reforma laboral, por fuerte que sea, se encuentra con un obstáculo: los tribunales.
 
Hace poco apareció en el circuito de la jurisprudencia una notable sentencia de un juzgado de lo social de Barcelona. Dicha sentencia viene a poner en duda la legalidad del famoso "contrato Rajoy". O, como es conocido formalmente: "contrato indefinido para emprendedores".
 
El contrato indefinido para emprendedores forma parte de lo que llamaremos "legislación laboral motorizada". Motorizada en el sentido en que, seguramente para salvar su constitucionalidad, viene a declararse a sí misma provisional al ligar su vigencia a la existencia de un desempleo superior al 15%. Sea lo que fuere, este tipo de contrato aparece ligado a una serie de deducciones fiscales para la pequeña y mediana empresa (menos de 50 trabajadores); que en la práctica constituye la casi totalidad de las empresas españolas. Con esto se refuerza lo ya comentado: la idea de que lo barato o caro del factor trabajo es el motor de una inversión empresarial.
 
El caso es que una de esas pequeñas y medianas empresas españolas contrató en Marzo de 2012 a un señor bajo uno de estos contratos para emprendedores. Se trataba de un empleo de peón, de 40 horas semanales, que consistía en la labor de llevar neumáticos de un sitio para otro. El trabajador estuvo un año desempeñando esta labor y justo unas semanas antes de cumplir un año en el empleo recibió una carta de su empresa. En ella se le comunicaba que no había superado el período de prueba de 1 año que fija el artículo 4.3 de la Ley 3/2012. Siendo así, no estaríamos ante un despido y no procedería ningún tipo de indemnización.
 
Pese a que se está tramitando un recurso de inconstitucionalidad contra, entre otros, el mencionado artículo 4.3 de la Ley 3/2012, lo curioso de la sentencia aquí comentada es que pone en duda su legalidad por ser contrario a la Carta Social Europea de 1961: tratado internacional suscrito por España. La jueza trae a colación la Decisión del Comité Económico y Social Europeo de 23 de Mayo de 2012. En dicha Decisión se estableció que "la única justificación aceptable para un despido inmediato es una falta grave" y que por tanto la ausencia de preaviso y de indemnización como la que establece el "contrato indefinido para emprendedores" contraviene el artículo 4.4 de la Carta Social Europea. La jueza barcelonesa añade que las decisiones del Comité son vinculantes para los juzgadores españoles.
 
En conclusión: según la sentencia comentada, el contrato indefinido para emprendedores sería un contrato temporal sin causa; algo prohibido por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
 
Vivimos tiempos en que los puestos de trabajo son tan escasos que cualquier labor pretende revestirse de una complejidad inaceptable. A la fiebre de "la necesidad de formación" para cualquier tarea se une la abierta hipocresía de juzgar que una persona necesita 1 año para probar que puede acarrear neumáticos de un sitio a otro; y así tantos y tantos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, las crisis económicas parecen siempre justificar el retroceso de la protección de las personas vulnerables cuando debería ser al revés.

lunes, 3 de febrero de 2014

¿Las indemnizaciones por seguro de vida forman parte de la herencia?

En el ámbito de los procesos sucesorios hay lugar para todo tipo de dudas y enredos. Se trata de procesos complejos en que se dan cita todo tipo de normativas. No obstante, como es lógico, el centro de los procesos hereditarios suele buscarse en el Código Civil o las normas forales. Así, cuando una persona tiene una duda sobre un proceso sucesorio y le pregunta a un amigo jurista, la respuesta inmediata será acudir al Código Civil, a las reglas de la comunidad de bienes (artículos 392 y siguientes). Esto generalmente tendrá un resultado correcto pero no siempre.

Un caso relevante en que acudir al Código Civil resulta erróneo está en el importante caso de los seguros de vida. Hablamos del típico y triste caso en que, por ejemplo, una persona muere en un accidente de tráfico. El fallecido siempre está cubierto por un seguro en que se fija una indemnización en caso de diversos sucesos entre los que se encuentra la eventualidad de la muerte. Así, una vez que la persona muere por causa achacable a un accidente de tráfico, la compañía aseguradora debe pagar a los beneficiarios de la póliza una determinada suma de dinero. Suma que, dependiendo del seguro en cuestión, podría representar una cantidad considerable de dinero. Y cuando se habla de mucho dinero la gente se pone nerviosa. ¿Se puede "coger" este dinero?
 
El error de quien acude al Código Civil en este caso es considerar que la indemnización asociada a un seguro de vida es un crédito del difunto o una cantidad adicional de dinero que pasa a la masa hereditaria. Siendo así, no se podría disponer del dinero de la indemnización hasta realizar la partición de la herencia. He aquí el error. Porque para saber qué ocurre con la indemnización del seguro de vida en cuestión no se ha de acudir al Código Civil sino a la Ley General del Seguro, que en su artículo 84 dice así:
 
Artículo 84 

El tomador del seguro podrá designar beneficiario o modificar la designación anteriormente realizada, sin necesidad de consentimiento del asegurador.
 
La designación del beneficiario podrá hacerse en la póliza, en una posterior declaración escrita comunicada al asegurador o en testamento.

Si en el momento del fallecimiento del asegurado no hubiere beneficiario concretamente designado, ni reglas para su determinación, el capital formará parte del patrimonio del tomador.

 
Sólo en caso de que no existiesen reglas para la determinación de los beneficiarios de una póliza pasaría la indemnización a la masa hereditaria (patrimonio del tomador). Pero todas las pólizas de seguros suelen incluir esas reglas para la determinación de beneficiarios con una lista de prelación preferente y excluyente como la que sigue:

1. El Cónyuge del Asegurado no separado legalmente

2. Los hijos del Asegurado a partes iguales

3. Los padres del Asegurado

4. Los herederos legales del Asegurado
 
Estas reglas de prelación pueden aparecer en la póliza que tuviese el fallecido o en las reglas generales de pólizas de la aseguradora (véase aquí un ejemplo). Siendo esto así, normalmente no habrá problema alguno para que los herederos de una persona fallecida reclamen directamente para sí la indemnización. El dinero pasa directamente a los herederos, en tanto beneficiarios del seguro, y no a la masa hereditaria.
 
Cobrar los seguros de vida de persona fallecida y la partición hereditaria, por tanto, suelen ser cuestiones si bien paralelas completamente diferentes.