Traigo hoy aquí un caso curioso en que se puede ver la mecánica en que se aplica la normativa de transporte internacional de mercancías en España.
En 2003 AIG Europa presenta demanda de juicio ordinario contra Alitalia. AIG había asegurado el transporte de 2.700 chaquetas de cuero que la empresa india Pal Entreprises había vendido a la conocida empresa española Inditex. Siendo asegurada Inditex, se produjo la pérdida de buena parte de las mercancías durante su transporte, pasando AIG a indemnizarle.
La india Pal Entreprises contrató a Indair Carriers para transportar las mercancías y ésta a su vez contrató a Alitalia. En total se trataba de 180 bultos que Inditex pidió se enviasen en una sola remesa y por vía aérea. Alitalia estableció en la ruta una escala en Milán. Una vez allí, Alitalia decide enviar por carretera 157 de los 180 bultos, enviando el resto en avión. Para ello contrata a Rinaldo Rinaldi. El porteador italiano emprende el viaje por carretera y en una zona de descanso en Barcelona, estando dormido, le es sustraída la carga. AIG pasa por ello a indemnizar a Inditex por los 157 bultos perdidos, por la cantidad de 203.061 euros. En virtud del artículo 43 de la Ley del Seguro, y los artículo 1101 y 1902 del Código Civil, por tanto, AIG procede a demandar a Alitalia por la cantidad satisfecha a Inditex más intereses el 18 de Noviembre de 2003.
Alitalia se opone a las pretensiones de AIG y alega, fundamentalmente, que es de aplicación la limitación de responsabilidad establecida por el artículo 22 del Convenio de Varsovia de transporte aéreo. Por tanto, Alitalia pretende que el transporte realizado por carretera desde Milán a España formaba parte del contrato de transporte aéreo. El Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid que lleva el caso finalmente asume esta tesis y emite sentencia el 24 de Mayo de 2004 (6 meses desde la demanda). Condena a Alitalia a pagar solamente 53.424 euros a AIG.
AIG apela la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, que el 30 de Enero de 2006 (20 meses desde la sentencia) emite sentencia dando la razón a AIG en su pretensión inicial, condenando a Alitalia al pago de 203.061 euros más intereses así como las costas de primera instancia.
Alitalia presenta recurso de casación el 17 de Abril de 2006 ante el Tribunal Supremo por la infracción de diversos artículos del Convenio de Varsovia. El Supremo admite el recurso el 16 de Septiembre de 2008 (18 meses desde recurso de casación).
Durante todo el proceso Alitalia sostiene que el transporte por carretera debe considerarse parte del contrato de transporte aéreo en virtud del artículo 18 del Convenio de Varsovia, que dice:
"el periodo de transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo o fluvial efectuado fuera de un aeródromo. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectuare en ejecución del contrato de transporte aéreo para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un hecho acaecido durante el transporte aéreo".
En sentencia de 29 de Junio de 2010 el Tribunal Supremo estableció dos requisitos para que se pudiese considerar parte del transporte aéreo el envío por carretera:
- Que se hubiera realizado "en ejecución del contrato de transporte aéreo"; y
- que tuviera como fin la "carga, entrega o transbordo".
Consideró el Supremo que el transporte terrestre se hizo en sustitución del aéreo. Añadió, además, que incluso en caso de que se considerase mera ejecución del aéreo, como pretendía Alitalia, resulta evidente que la pérdida de la mercancía se produjo por su sustracción en Barcelona; quedando destruida así la presunción del artículo 18 del Convenio de Varsovia alegado. De este modo, el Supremo excluye cualquier limitación a la responsabilidad de Alitalia.
A modo de curiosidad, véase que la diferencia entre aplicar la limitación de responsabilidad del transporte por carretera o la del transporte aéreo resulta patente. En el transporte terrestre la pérdida de 1 Kg de peso bruto supone 8,33 Derechos Especiales de Giro (9,36 euros) mientras que en el aéreo son 17 Derechos Especiales de Giro (19,10 euros). En el marítimo, por su parte, hablaríamos de la cantidad mayor entre 666,67 Derechos Especiales de Giro (748,86 euros) por bulto o 2 Derechos Especiales de Giro (2,25 euros) por Kg.
Cabe añadir que a la sencillez de la regulación del transporte no le acompaña en España precisamente la celeridad de la justicia. Llama la atención lo dilatado del proceso comentado. Y es que desde la primera demanda de juicio ordinario hasta la sentencia casacional del Supremo transcurrieron aproximadamente siete años.