Las sucesivas crisis de la economía española desde los años 80 vienen forzando una serie de reformas laborales. El legislador, guiado por una dudosa asociación entre la flexibilidad para despedir y la oportunidad de negocio, ha ido erosionando la posición de los trabajadores frente al empleador. No obstante, en ocasiones una reforma laboral, por fuerte que sea, se encuentra con un obstáculo: los tribunales.
Hace poco apareció en el circuito de la jurisprudencia una notable sentencia de un juzgado de lo social de Barcelona. Dicha sentencia viene a poner en duda la legalidad del famoso "contrato Rajoy". O, como es conocido formalmente: "contrato indefinido para emprendedores".
El contrato indefinido para emprendedores forma parte de lo que llamaremos "legislación laboral motorizada". Motorizada en el sentido en que, seguramente para salvar su constitucionalidad, viene a declararse a sí misma provisional al ligar su vigencia a la existencia de un desempleo superior al 15%. Sea lo que fuere, este tipo de contrato aparece ligado a una serie de deducciones fiscales para la pequeña y mediana empresa (menos de 50 trabajadores); que en la práctica constituye la casi totalidad de las empresas españolas. Con esto se refuerza lo ya comentado: la idea de que lo barato o caro del factor trabajo es el motor de una inversión empresarial.
El caso es que una de esas pequeñas y medianas empresas españolas contrató en Marzo de 2012 a un señor bajo uno de estos contratos para emprendedores. Se trataba de un empleo de peón, de 40 horas semanales, que consistía en la labor de llevar neumáticos de un sitio para otro. El trabajador estuvo un año desempeñando esta labor y justo unas semanas antes de cumplir un año en el empleo recibió una carta de su empresa. En ella se le comunicaba que no había superado el período de prueba de 1 año que fija el artículo 4.3 de la Ley 3/2012. Siendo así, no estaríamos ante un despido y no procedería ningún tipo de indemnización.
Pese a que se está tramitando un recurso de inconstitucionalidad contra, entre otros, el mencionado artículo 4.3 de la Ley 3/2012, lo curioso de la sentencia aquí comentada es que pone en duda su legalidad por ser contrario a la Carta Social Europea de 1961: tratado internacional suscrito por España. La jueza trae a colación la Decisión del Comité Económico y Social Europeo de 23 de Mayo de 2012. En dicha Decisión se estableció que "la única justificación aceptable para un despido inmediato es una falta grave" y que por tanto la ausencia de preaviso y de indemnización como la que establece el "contrato indefinido para emprendedores" contraviene el artículo 4.4 de la Carta Social Europea. La jueza barcelonesa añade que las decisiones del Comité son vinculantes para los juzgadores españoles.
En conclusión: según la sentencia comentada, el contrato indefinido para emprendedores sería un contrato temporal sin causa; algo prohibido por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
Vivimos tiempos en que los puestos de trabajo son tan escasos que cualquier labor pretende revestirse de una complejidad inaceptable. A la fiebre de "la necesidad de formación" para cualquier tarea se une la abierta hipocresía de juzgar que una persona necesita 1 año para probar que puede acarrear neumáticos de un sitio a otro; y así tantos y tantos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, las crisis económicas parecen siempre justificar el retroceso de la protección de las personas vulnerables cuando debería ser al revés.
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