miércoles, 29 de enero de 2014

Libertad de circulación vs. protección del medioambiente

Una de las notas principales que preside el proyecto de integración europeo es, como no, el de integración económica. A tal fin, como es sabido, se han derribado las fronteras físicas y arancelarias entre los estados miembros de la Unión Europea. La protagonista por excelencia de esta apertura, ante las evidentes barreras culturales y fiscales que subsisten, es la libertad de circulación de mercancías. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 28 prohíbe cualquier limitación a la exportación e importación o cualquier medida de efecto equivalente.

Por otra parte, en una legislación más alejada de los focos públicos, el Derecho Comunitario viene desarrollando una serie de disposiciones técnicas para garantizar unos estándares de seguridad y calidad en el espacio europeo. A través de diferentes Directivas y Reglamentos se ha venido armando la estructura necesaria para dotar de garantías y seguridades en el terreno de la calidad y seguridad de los bienes que circulan por la Unión Europea.

Sin embargo, junto a la normativa de calidad y seguridad industriales paralelamente se desarrolló también la normativa medioambiental. Una legislación esta que, por su carácter eminentemente preventivo, dota de poderosos instrumentos a los Estados miembros sobre las personas y entes que se mueven en el ámbito de la Unión Europea. Se produce, por tanto, un cruce inevitable en el objeto de las directivas de libre circulación de mercancías y la salvaguarda del medioambiente.

En España hemos asistido, aunque no tuviese la debida repercusión, a un caso apasionante que ejemplifica esta problemática. Así, en el año 2.009 un empresario gallego organizó la importación de centenares de miles de toneladas de áridos reciclados para construcción desde Holanda. Estos áridos, procedentes del desmantelamiento de viejas carreteras holandesas y de un precio notablemente inferior al de los áridos convencionales, fueron denunciados ante varias instancias de la Xunta de Galicia por las empresas competidoras del mencionado empresario como "residuos peligrosos".
 
La caracterización de los mencionados áridos reciclados como un "residuo peligroso" resulta interesante porque los áridos gozaban de la protección del marcado CE. Esto significaba que cumplían con la norma de calidad UNE-EN 13242:2003+A1:2008 de “Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes”. O lo que es lo mismo: que se había sometido a un "Ensayo de tipo de producto" que garantizaba que cumplía con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. En la documentación asociada a estos áridos constaban test de laboratorio en que los áridos mostraban niveles de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAH) inferiores al límite legal exigible según la norma de marcado CE señalada arriba (Reglamento (CE) Nº 1907/2006). El responsable del control de la calidad (una empresa certificadora holandesa) cumplió, por tanto, con la normativa comunitaria exigible y convirtió, merced a ella, los residuos del desmantelamiento de carreteras en un nuevo producto de construcción.

Siendo imposible considerar un residuo al nuevo producto, la Xunta sin embargo ordenó paralizar el uso de los áridos y, tras una serie de idas y venidas, consideró probado que los áridos tenían un potencial contaminante. Exigió así a la empresa que los había traído a España, que procediese a impermeabilizar los acopios de áridos y establecer un sistema de seguridad perimetral para evitar el filtrado de aguas. Dicha empresa no obedeció tales órdenes y, en medio de un proceso judicial, los áridos "potencialmente peligrosos" han continuado y continúan en sus acopios originales a día de hoy.

En resumen: en España un producto certificado como tal puede ser inmovilizado por razones medioambientales sin que se dé parte alguno al país de procedencia ni se "dispare" el procedimiento contemplado en las directivas de marcado CE. Podemos comprar los áridos a día de hoy en Holanda. Esto obedece sin duda a una mala integración comunitaria y también en un cierto "olvido" el Derecho Comunitario por parte de las autoridades nacionales. Lo cierto es que en Europa todavía puede circular un producto presuntamente falso o peligroso sin que la Xunta de Galicia haya hecho nada al respecto. Si le preguntamos a la Consellería de Industria nos dirá que el producto es legal y si preguntamos a la de Medioambiente nos dirá que es peligroso, aunque no mucho:

Paralelamente, Medio Ambiente está realizando analíticas trimestrales del entorno en el que están acumulados los áridos, y, por ahora, descartan la existencia de contaminación en el suelo. Desde la Xunta se aseguró que si en algún momento se detecta algún nivel fuera de lo normal ya se tomarán otras medidas, que implican a varios departamentos de la administración autonómica.

Independientemente de si los áridos están debidamente inmovilizados o no (el carácter contaminante o no de los áridos reciclados es una cuestión controvertida a nivel técnico), este asunto ciertamente suena chapucero cuando no sospechoso. Parece olvidado el principio de proporcionalidad que necesariamente ha de regir cualquier limitación de la circulación de mercancías. Porque qué sentido tiene hacer antieconómica la explotación de un producto alegando su peligrosidad cuando acto seguido el organismo de vigilancia de dicha peligrosidad afirma que la retirada o puesta en seguridad de ese producto no corre prisa. Con esto las condiciones de aplicación del mencionado principio de proporcionalidad, bien fijadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, saltan por los aires; pues se pone en duda la necesidad y utilidad de las medidas de la Consellería de Medioambiente. Cabe pues pensar que estamos ante una de esas "medidas de efecto equivalente" a que el artículo 28 TFUE hace referencia. Un caso sin duda apasionante y que revela hasta qué punto hay un área gris, una auténtica tierra de nadie, entre el Derecho Comunitario y la aplicación estatal del mismo.
 
 

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